Imaginemos que vivimos en un país que quita derechos

Imaginemos por un momento que la Ley sostiene que un español no puede casarse con un ciudadano de otro país. No se niega la posibilidad de enamorase y mantener una relación mixta, siempre y cuando no se hagan manifestaciones públicas de esa unión o se intente alcanzar los mismos derechos que tienen las parejas entre españoles que representan, por supuesto, la normalidad. Y eso que aproximadamente un diez por ciento de la población se ha sentido en algún momento atraída por una persona de otra nacionalidad distina a la española.

Durante años, estas personas habrían estado sometidas al escarnio público y habrían sido rechazadas por haber “ido a contracorriente”, sitiendo algo diferente a lo que dice que siente el noventa por ciento de la población. Sobre el papel, todo el mundo está de acuerdo en que en la intimidad de su casa -y de su cama- cada uno puede hacer lo que quiera.

Sin embargo, la realidad es otra y esta orientación es utilizada como insulto y, apesar de que todo el mundo tiene “muchos amigos de esta orientación”, algunos sectores se cierran en banda cuando se pone sobre la mesa el tema de los derechos como matrimonio, adopción o reproducción asistida.

Esto no ha ocurrido ni ocurrirá nunca y, obviamente, no hablo de otra cosa que de los problemas a los que aún se enfrenta el colectivo LGTB en nuestro país. Vale que en los últimos años España ha dado un salto de gigante en los que se refiere a derechos y que lo que ocurre aquí no es nada comparado con la situación en otros lugares del mundo, donde no poder casarse es el menor de los problemas de las personas homosexuales. Pero nada debe servir como excusa para no seguir avanzando en la conquista real e igualitaria de los derechos.

Esta lucha -que es de todos, no sólo de los homosexuales- sigue cosechando éxitos. Así, el asunto de la discriminación en la aplicación de la Ley de Reproducción Asitida ha llegado al Congreso, donde la Comisión de Sanidad, Política Social ha aprobado una proposición no de ley que insta al Gobierno a eliminar los escollos de las parejas del mismo sexo encuentran a la hora acceder a estas técnicas .

Por supuesto, esta iniciativa no ha gustado a todos. CiU ha preferido abstenerse. No así el Partido Popular, que se ha opuesto, “esgrimiendo argumentos fundamentados únicamente en una homofobia que sistemáticamente niegan a pesar de seguir manteniendo el recurso en el Constitucional contra el matrimonio entre personas del mismo sexo”, según han expresado desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

El recurso contra la ley que modificó el Código Civil español para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo del que habla la FELGTB, se encuentra en el Tribunal Constitucional desde hace cinco años, poniendo en jaque la inciativa que convirtió a España en pionera de la lucha a favor de los derechos civiles.

Su argumento lo conocemos de sobra y es la interpretación de que la Constitución de 1978 defiende la insitución del matrimonio como una unión formada exclusivamente por hombre y mujer, aunque eso no sea lo que dice la Carta Magna. Para los colectivos LGTB, este recurso ejemplifica “las posturas homófobas y discriminatorias del PP y su escaso compromiso con la igualdad”, poniendo “en tela de juicio” la dignidad de las personas homosexuales “como ciudadanas y ciudadanos”.

No hay ánimo estas líneas de criticar a ninguna facción política por una cuestión ideológica o filosófica. Estoy convencida de que la postura en la que se enrocan los partidos que ponen la zancadilla a la conquista de derechos del colectivo LGTB provoca más dolor e incomprensión dentro de sus propias filas que entre aquellos que viven libremente su amor y su sexualidad. De hecho, lo que más indigna es pensar que la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos se encuentre en tela de juicio por una cuestión partidista.

Foto: andreuccio1986