El Megáfono, Transparencia|18 agosto, 2010 9:13

Las trágicas consecuencias del fraude y la corrupción

Dado nuestro carácter apasionado, puede no extrañarnos, pero lo cierto es que éste ha sido un verano especialmente “a flor de piel”. Eufórico en lo deportivo, bronco y crispado en el plano político, disputado en el taurino y desalentador en lo que toca a nuestras economías. Sin embargo, hay algo que cada vez parece afectarnos menos: el fraude y la corrupción.

Según un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales, casi la mitad de los españoles justifica el fraude fiscal, bien porque las circunstancias obligan (34%), o simplemente porque es lo “normal” (aproximadamente un 10%).

Cierto es que las encuestas son tan solo eso, encuestas. Pero los datos no dejan de ser preocupantes, y vienen a confirmar la sospecha de que un número considerable de ciudadanos está empezando a aceptar, y a menudo a practicar, el fraude y la corrupción como algo inevitable.

El debate no es nuevo, ni mucho menos. En su libro Breve Historia de la Corrupción, Brioschi nos ofrece un ágil recorrido a lo largo de cuatro mil años plagados de prebendas, corruptelas, estafas y trapicheos cometidos por gobernantes, políticos, funcionarios públicos y empresarios.

No. No resulta difícil justificar la corrupción y el fraude. Las excusas son múltiples. Desde el conformismo del “siempre fue así”, hasta la franqueza del “en su lugar, yo haría lo mismo”. Desde la viveza del “antes de que se lo lleven otros” hasta la prevaricación del “tengo familia”.

Pero la historia también nos enseña que la corrupción, en su sentido más amplio, no sólo consiste en que unos pocos, o unos cuantos, se aprovechen, se queden con lo que no es suyo, incrementen su poder y se llenen los bolsillos. Lo que de verdad está en juego son nuestros recursos naturales y el medio ambiente, así como nuestro potencial humano y creativo. Y con todo ello, nuestros derechos y libertades fundamentales.

Si hay algo que nos enseña el caso de nuestra vecina Italia, es que el creciente abandono de espacios públicos a manos de oscuros intereses privados acarrea trágicas consecuencias: la intolerable presencia del crimen organizado en la vida pública y política, el blindaje de impunidad concedido a la clase política, el fiero acoso a la judicatura, la erosión de las libertades, el debilitamiento y la fragmentación de la sociedad civil.

Un ejemplo extremo, sin duda. Pero no por ello podemos ignorarlo. Como ciudadanos comprometidos con la democracia, debemos enfrentarnos a una serie de preguntas obligadas, si no queremos seguir caminando sobre la cuerda floja. ¿Qué podemos hacer para que políticos y funcionarios asuman su responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía? ¿Qué mecanismos de control y escrutinio público necesitamos para que intereses privados especuladores no invadan las esferas públicas y expolien los bienes de todos? ¿Qué respuesta deben dar nuestras instituciones para evitar que los sucesivos escándalos de corrupción se conviertan en poco más que otro aspecto más de nuestro folklore? ¿Cuál debe ser nuestra actitud para lograr que la ciudadanía no se resigne y acabe por entregarse a la cultura del “todo vale”?

Imagen: Conanil

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